Historia Radio Comunitaria Chile 1987 - 1989

Hacia fines de los años 80, en algunos barrios populares de Santiago y provincias se crearon algunas experiencias de radios locales, de programación y funcionamiento eventual, generalmente en horarios vespertinos y fines de semana. Sus promotores pertenecían a organizaciones sociales, culturales y políticas de jóvenes nucleados en torno a la oposición al régimen Militar (1973-1990)
Apenas iniciado el régimen democrático durante el primer Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, no más de 25 experiencias radiales locales se aglutinaron en la Agrupación Nacional de Radios Populares ANARAP con el fin de extender el movimiento a distintas zonas del país, prestando asesoría tecnológica y comunicacional, así como legitimar política y jurídicamente la ocupación social del espacio radiofónico ante a las autoridades y normativas del Estado.(...) Frente a la denuncia, y evitando recaer en climas artificiales de polarización política, el gobierno reaccionó rápidamente con dos iniciativas simultáneas. La primera fue proponer y hacer aprobar con máxima urgencia una ley que sancionaba con penas de cárcel e incautación de equipos tecnológicos a aquellas radios que no contaran con los respectivas autorizaciones legales para funcionar.

En segundo lugar, consciente que dichas autorizaciones eran inaplicables a radios de bajísima cobertura (unas pocas cuadras) pertenecientes a sectores de bajos ingresos, sin finalidad de lucro y que habían cumplido un papel relevante en la recuperación del sistema democrático, el gobierno inició conversaciones con todos los sectores pertinentes para regular la actividad. Con esa promesa y la explícita amenaza que significaba la recientemente aprobada Ley, consiguió de ANARAP –no sin fuertes disidencias internas-- que las radios locales, que habían proliferado a más del doble, silenciaran voluntariamente sus transmisiones mientras se elaboraba y discutía un segundo proyecto de Ley. �

LA NEGOCIACION DE LA LEY: PRINCIPALES ACTORES Y RESULTADOS (1991-1994)

El proceso duró varios años. En ellos la Agrupación se dedicó a sensibilizar a la opinión política y social pública respecto de las perspectivas y beneficios de su labor, con el consecuentes lobby ante parlamentarios, partidos políticos, gremios empresariales y de trabajadores de la comunicación. A fines de 1994 se arribó a la dictación de la Ley que regula actualmente la actividad radial de “mínima cobertura” y no “no comercial”, como se buscaba en un comienzo. Su puesta en operación regiría a partir del año siguiente (1995). La oposición al proyecto de Ley original de parte de la industria radial, nucleada en torno a la Asociación de Radiodifusores de Chile ARCHI, también cercana a las fuerzas políticas del gobierno de la Concertación , logró imponer importantes restricciones al marco regulatorio aprobado. Entre ellas:

- Obliga a las radios comunitarias a transmitir con 1 watt de potencia y a contar con antenas de hasta 6 metros de altura, lo que da un alcance de onda de pocas cuadras en zonas urbanas recepcionadas incluso con dificultad en barrios con edificaciones de varios pisos o de gran accidentabilidad geográfica.
- Prohibe a las radios comunitarias cualquier tipo de avisaje pagado, comercial o político, aún cuando entregan información gratuita provenientes del sector público, municipalidades, ONGs y sector privado
- La concesión de ondas es entregada por sólo 3 años, en contraste con los 25 de las radios comerciales. En consecuencia, debe ser permanentemente renovada en períodos breves y espasmódicos de postulación, sin calendario previo conocido. Para las organizaciones solicitantes ello implica el desembolso de onerosos pagos de documentación jurídica y certificación técnica, sin que la experiencia radial previa del postulante asegure la renovación de la concesión.
- El proceso de concesión sólo considera la revisión de antecedentes jurídicos de la organización postulante y las técnico-radiofónicos de su equipamiento. No discrimina en los fines, métodos, experiencia o legitimidad de las organizaciones postulantes en su vinculación y aportes a la comunidad local. Ello facilita que intereses de adoctrinamiento político o religioso y afanes de lucro encubiertos no puedan –ni deban-- ser filtrados por las comisión técnica decisora.
- El proceso de postulación tampoco discrimina si una misma organización cuenta ya con una concesión previa en otras zonas del país, lo cual permite que seudo “holdings” institucionales puedan obtener múltiples concesiones, aunque no pertenezcan a los territorios de transmisión ni a las organizaciones sociales de asiento local (producción radial centralizada, diferida y distribuida a numerosas estaciones repetidoras).�

EFECTOS ORGANIZACIONALES DE LA LEGALIZACION: DE “MOVIMIENTO” A “RED” Y DE “RED” A “GRUPO DE INTERES” (ANARCICH)
A partir de 1995, se inicia el período de radios locales en lento proceso de legalización. Coexisten de hecho, radios autorizadas y de hecho, de programación regular y eventual por cuanto la tramitación de personalidad jurídica de los postulantes varía en extensión de tiempo de acuerdo a cada gobierno comunal (de los 355 que existen en el país), no todas las organizaciones interesadas o productoras cuentan con los fondos en dinero para pagar los estudios técnicos requeridos, no en todas las regiones se abren concursos de licitación, o los cupos disponibles en ellas son muy limitadas, quedando fuera muchos postulantes. Con el agravante que todo el ciclo comienza otra vez en los siguientes tres años.
Toda ellas conviven en el seno de una ANARAP, cada vez más tensionada por intereses diversos que culpan a los acuerdos de la organización con el gobierno de su situación de inestabilidad actual. También ocurre con los años que las radios que reciben la autorización legal correspondiente pertenecen poco al movimiento original que representa la ANARAP. Se trata de instituciones con mayores recursos, no sólo económicos, sino humanos y de contactación: iglesias católica y evangélicas, establecimientos educacionales de enseñanza básica, media y universitaria públicos y privados, municipalidades especialmente rurales, las cuales difícilmente corresponden a la categoría de “sociedad civil”. Por otro lado, muchas de las nuevas organizaciones radiales cuestionan, aunque integren la organización, el calificativo de “popular” para sus fines sociales o su programación radial�.

Todas estas tensiones terminan por hacer entrar en crisis a la primitiva organización, paralizada por la polémica permanente respecto de quiénes deben ser en propiedad sus afiliados y qué actitud tomar frente a un gobierno, al que se juzga cada vez más cerrado en sí mismo –o sólo abierto hacia el mundo empresarial doméstico y transnacional--, y distante a las aspiraciones democratizadoras del espacio comunicativo público planteado por organizaciones sociales de base y de trabajadores de los medios. El conflicto lleva a la auto-disolución de la ANARAP en 1998 y su reemplazo por la Red Nacional de Radios Comunitarias RENARCOM.


Con el cambio se quiso afirmar un replanteamiento de los fines y métodos de la organización. Más que destacar el carácter identitario (socio-económico y socio-cultural) y el proyecto político de sus primeros agentes --pobladores urbanos de bajos recursos--, la nueva denominación buscaba ampliar la convocatoria hacia nuevos sectores sociales, bajo el objetivo común de fomentar la democratización del espacio y las decisiones de interés publico local o sectorial (comunidad local, escolar, universitaria, etc.). Consecuentemente con ello, la forma organizativa misma asumía explícitamente el concepto de “red” para insinuar la necesidad de flexibilizar la participación y aporte de sus distintos componentes, sin privilegiar el status jurídico –legal, “alegal”-- o la jerarquía previa –política, comunicacional, económica— entre ellos.

Sin embargo, la nueva organización fue incapaz de resolver las tensiones de arrastre, expresada en las distintas visiones de sus líderes históricos acerca de cómo y con quiénes implementar las concepciones sustantivas y organizativas recientemente consensuadas. Lo cual se agravaba en el contexto de disputa por el liderazgo político en que estaba enfrascada la alianza gobernante entre sus polos de centro socialcristiano e izquierda laica socialdemócrata y ante el avance de las preferencias ciudadanas hacia un recambio de la misma ante una renovado populismo de derecha. �

El conflicto político ambiente repercutía directamente en la ejecutiva de la organización, debido a la explícita solicitud de apoyo y promesas electorales que el entonces candidato socialdemócrata Ricardo Lagos hizo a las radios aficionadas locales en términos de mejorar su condición legal y económica. La especial coyuntura condujo así a la ruptura entre los líderes de la organización, acicateada por las mutuas desconfianzas y acusaciones de aprovechamiento político o económico corto-plazista, según cada versión, de la función e influencia dirigencial.

En el año 2000, ganada ya la elección presidencial por Ricardo Lagos, la organización se dividió en dos: RENARCOM que conservó la menor cantidad de radios especialmente las adheridas a las posiciones de la izquierda extra-parlamentaria, y la emergente Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile ANARCICH, que acaparó la mayor cantidad de radios entonces afiliadas, cercanas ya al centenar. Otras pocas radios, especialmente de sectores profesionales de ONGs y Universidades se marginaron de ambas orgánicas. De allí en adelante ANARCICH se dedica a consolidar su posición aprobando estatutos internos y planes de trabajo. Destacan en estos últimos un fluido diálogo con entidades gubernamentales para agilizar licitaciones y tramitaciones de legalización radial y obtener para el conjunto de sus afiliados contratos de servicios de producción y difusión radiofónica en campañas e iniciativas sectoriales públicas. También destaca la producción de encuentros de planificación, asambleas de aprobación de cuenta pública y de toma de decisiones, seminarios o jornadas de capacitación legal, tecnológica y comunicacional, la mantención de un sitio electrónico “en línea”, en periódica actualización informativa.

La organización obtiene su titularidad legal bajo la figura de “agrupación gremial (A.G.)” en 2001. El cambio de denominación y status jurídico obedece menos que a una reconsideración de valores, objetivos y formas organizativas ya sancionadas cuando integraba RENARCOM y con las cuales sigue estando básicamente de acuerdo , que a una perspectiva estratégica de legitimación y acumulación de fuerzas para lograr el interés explícito que persigue en su gestión: ejercer presión e influencia para la modificación a la Ley de Telecomunicaciones.�

En ese sentido, cierra el campo de afiliación a las radios ya legalizadas y fomenta su incorporación a la organización –cerca de 200 a la fecha-- para que no se impugne su derecho a participar legítimamente en instancias decisorias con efecto público, así como también por el valor instrumental de poder recepcionar subvenciones o subscribir compromisos de cooperación con el Estado en sus distintos niveles: central, regional, comunal.
La esfera de defensa y ampliación de intereses corporativos queda así abierta, delimitando fronteras tanto con respecto a las organizaciones empresariales de los medios de amplia cobertura, como de las asociaciones informales de micro-radiodifusión local (radios no legalizadas, móviles y de circuito cerrado). Como tal, nuevamente enfrenta, junto a una red de apoyo , un intensa actividad de “lobby” ante el representantes regionales y sectoriales del gobierno y comisiones parlamentarias respectivas. Las modificaciones que propone a la Ley General de Telecomunicaciones son similares a las que el movimiento radial sostuvo desde principios de la década de los 90, aunque con algunas actualizaciones conceptuales extraídas de la política social vigente.

Carlos Ochsenius (Sociologo) Grupo de Investigación y Diplomado en Redes Asociativas y Fortalecimiento de Ciudadanía Instituto de Estudios Avanzados, USACH Noviembre de 2004 �